Hoy es el 11 de septiembre. Para los
estadounidenses y gran parte del mundo occidental, esta fecha está vinculada a
los hechos ocurridos en el año 2001, cuando el ataque a las llamadas torres
gemelas cambió por completo la imagen que el primer mundo había tenido de su
existencia hasta aquel momento. Mientras los actuales discursos de la memoria
se centran en este acontecimiento, que todavía tiene un fuerte impacto por su
cercanía temporal, en Chile el 11 de septiembre tiene un significado distinto:
El 11 de septiembre de 1973 marca una fecha decisiva e inolvidable para la
historia chilena. En este día se llevó a cabo un golpe de estado por las
fuerzas armadas con el bombardeo del palacio de la Moneda.
Los años 60 y 70 en Chile estaban marcados por
una creciente polarización del pueblo chileno con una división insuperable
entre los partidos de izquierdas y los de derechas; una situación que también
se veía en otros países hispanoamericanos tras la revolución cubana en 1959,
como fenómeno de la llamada Guerra Fría (Codoceo 2007: 26).
En 1970, el candidato de la Unidad Popular
chilena, Salvador Allende, ganó las elecciones parlamentarias con un 36 %
(Tibussek 2007: 5) y empezaba a poner en práctica su política socialista que
culminó con la nacionalización del cobre (Codoceo 2007: 33). El clima de
polarización dentro de la población chilena se agravó y varios grupos de
derechas se juntaron en contra de este nuevo gobierno. Contaron con un fuerte
apoyo de los Estados Unidos que impusieron sanciones económicas contra Chile y
que gastaron un total de ocho millones de dólares para fortalecer las acciones
golpistas (Íbid.: 35). Tras el golpe militar en los días después del 11 de
septiembre se instaló una dictadura militar bajo el mando del general Augusto
Pinochet que se consolidó con la sistemática violación de los derechos humanos.
Basándose en el grado de estas violaciones, el historiador Jaime Couso creó
tres fases de la dictadura chilena (Couso 2008: 205-209):
La primera fase se sitúa en los días y meses
después del golpe de estado, cuando los militares eliminaron todo tipo de
oposición y llevaron a cabo un masivo encarcelamiento de sus oponentes. Algunos
presos, sobre todo los representantes del gobierno anterior, fueron llevados a
lugares desconocidos donde solían ser ejecutados. Otros fueron encarcelados en
centros de detención, como por ejemplo en el Estadio Nacional en Santiago de Chile (Íbid.: 205s).
La segunda fase de la dictadura (1974-1977) se
caracteriza por la acción sistemática de la llamada Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), órgano que se ocupaba de
la detención, de la tortura y del homicidio de todos los posibles enemigos del
régimen. La DINA no solo actuó en Chile sino también en otros países
hispanoamericanos. Durante esta fase ocurría el mayor número de desapariciones
forzadas y se puede hablar de un terror arbitrario por parte del estado. A
causa de una creciente presión internacional, la DINA fue sustituida por el Central Nacional de Informaciones (CNI)
en 1977, lo que marcó el inicio de la tercera fase, según Couso. Sin embargo,
se puede decir que las dos agencias no se diferenciaban mucho entre sí y que seguían
violando los derechos humanos hasta el final de 1990. Otro punto que marca el
paso de la segunda a la tercera fase era una ley de amnistía aprobada por el
régimen en 1978, que abarcó todos los delitos cometidos entre 1973 y 1978 y que
hacía casi imposible su condena posterior (Íbid.: 206-209).
Hasta los años 80, no existía una organización
de oposición capaz de actuar (Codoceo 2007: 86). Eso cambió con la nueva
constitución en 1980 que previo un plebiscito para el año de 1988 en el que se
debió decidir sobre la continuación del régimen militar con la opción de abrir
el paso para la democracia. En este momento, la oposición se juntó para empezar
una campaña que anima al pueblo chileno a votar con el “No”. Los historiadores
opinan que esta campaña tenía un efecto decisivo en el resultado del
plebiscito: En 1988, la continuación de la dictadura fue rechazada por la población
con casi un 55 % de los votos (Íbid.: 154) abriéndose así las puertas hacia la
democracia.
Sin embargo, la transición chilena tenía muchas
limitaciones que hacen difícil hablar de un verdadero cambio democrático. Para
entender esta hipótesis, hay que estudiar en detalle los primeros gobiernos
democráticos y sus implementaciones políticas.
En las primeras elecciones democráticas tras el
golpe de estado que tuvieron lugar en 1999, fue elegido como presidente el
cristiano-demócrata Patricio Aylwin (Tibussek 2007: 10), que había participado
antes en la oposición contra la dictadura. Aunque su programa electoral había
prometido la busca de la justicia (Codoceo 2007: 257s), la realidad política
tras las elecciones era totalmente distinta: No existió ninguna confrontación
del gobierno nuevo con el régimen, y las palabras que se escuchaban eran de
reconciliación y olvido. En 1990 se creó la Comisión
Nacional de Verdad y Reconciliación que publicó un informe en 1991 (Íbid.:
263), conocido como el Informe Rettig con referencia a uno de
los miembros de la comisión. Aunque este informe tuvo algunos rasgos positivos,
como el hacer pública la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y
la provisión de indemnizaciones para las víctimas, sus efectos eran limitados porque solo se
ocuparon de casos de muerte o con presunción de muerte, dejando fuera los casos
de tortura, y además no hicieron públicos los nombres de los victimarios,
convirtiendo así los crímenes en delitos anónimos (Íbid.: 300). Hay que tener
en cuenta que la comisión tuvo un trabajo arduo porque no existió ninguna
colaboración por parte de las fuerzas armadas. Sin embargo, Fernando Codoceo
opina que no es posible la reconstrucción de la verdad sin el nombramiento de
los responsables del pasado. “Letztendlich handelt es sich um die Verleugnung
eines Verbrechens und um eine Schutzmassnahme (sic!), die die Straffreiheit der
Täter, die diese aufgrund des Amnestiegesetzes bereits genossen, perfekt
ergänzte.“ (Íbid.: 271)
Además de tratar a los responsables del antiguo
régimen con demasiado respeto, el gobierno de Aylwin no logró cambiar la
constitución excepto unas pequeñas modificaciones. Pinochet mismo tomó el papel
de comandante en jefe de las fuerzas armadas y nombró a senadores y miembros de
la corte suprema con las llamadas leyes
de amarre (Couso 2008: 211s). Es decir que no se produjo una ruptura con el
pasado sino que la democracia misma fue construida con la base y los actores de
la dictadura, teniendo así muy poca credibilidad.
El siguiente gobierno a partir de 1994, bajo
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, también cristiano-demócrata, era aún más indiferente
con respecto a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la
dictadura (Codoceo 2007: 306). Sin embargo, se creó una llamada Mesa de Diálogo en 1999, donde
representantes de diferentes sectores y distintas opiniones políticas se juntaron
para debatir y luego asignar a las fuerzas armadas el escribir un informe con
las informaciones acerca de la localización de los desaparecidos. Incluso en un
momento tan decisivo, en el que se creía en la oportunidad de encontrar la
verdad, llegó a conocerse que algunos militares habían retenido informaciones
(Íbid.: 323). No existió una democracia estable.
Además de eso, el gobierno chileno se involucró
en una lucha jurídica para apoyar al ex-dictador que fue detenido en Londres en 1998 como
resultado del esfuerzo del abogado español Baltasar Garzón (Íbid.: 334). La
comunidad internacional quería juzgar a Pinochet mientras que el gobierno
chileno hacía todo lo posible para evitarlo. Al final, Pinochet regresó a Chile
en el año 2000 por razones humanitarias. Por lo menos se puede decir que
algunos chilenos habían sido animados por los acontecimientos sucedidos en
Europa, así que empezó una nueva lucha jurídica dentro de Chile (Couso 2008:
224).
Asimismo,
se publicó el Informe sobre Prisión
Política y Tortura, también llamado el Informe
Valech en noviembre de 2004. Este informe reconoció oficialmente que hubo
casos de tortura durante la dictadura, catorce años tras el final de ésa. Al
publicar el informe, el presidente socialista Ricardo Lagos, elegido en 2000,
pronunció un discurso en el que proclamó “Para nunca más vivirlo, nunca más
negarlo” (Lagos 2004).
Pinochet murió en diciembre de 2006 (Couso 2008:
224). Aunque había perdido sus privilegios como senador vitalicio, nunca fue
condenado por sus acciones durante la dictadura. Las reacciones del pueblo
chileno a su muerte mostraron la todavía existente división de la opinión
pública (Rinke 2007: 195): Mientras miles de seguidores de Pinochet visitaron
la capilla ardiente en la Escuela Militar de Santiago de Chile para despedirse
del ex-dictador, el gobierno bajo Michelle Bachelet se negó darle los honores
de estado (Anónimo en ElPais.com
2006).
Aunque en el año 2008 se llegó a condenar a
Manuel Contreras, jefe de la DINA (Fuchs 2010: 1), prevalecieron las opiniones
derechas en la sociedad chilena. Eso se vio en el resultado de las elecciones
de 2010, cuando fue elegido como presidente Sebastián Piñera, que había ocupado
un cargo político bajo la dictadura de Pinochet.
Sin embargo, desde principios de 2014, Michelle
Bachelet ha vuelto a asumir el cargo de presidenta de Chile. Como hija de un
general y miembro del gobierno de la Unidad Popular que murió tras ser
torturado en 1973, Bachelet se fue al exilio en Europa para evitar ser
detenida. Representa la recuperación del poder por parte de las víctimas de la
dictadura militar. Bachelet persigue una agenda política de “reencuentro” entre
las víctimas y los victimarios. Como ha dicho ayer en un acto conmemorativo: “Chile necesita más verdad y más
justicia. Chile necesita sentir que las heridas, por hondas que sean, van
sanando. Chile necesita saber que el reencuentro es posible, y que la
convivencia democrática está por sobre cualquier diferencia.”
(La Voz, 11.09.2014) Si realmente consigue realizar este meta en la
problemática situación política actual, es una pregunta a la que se tendrá que
responder en otro lugar.
Bibliografía
ANÓNIMO
2006 “Muere el dictador chileno Augusto Pinochet”, en: ElPais.com http://www.elpais.com/
articulo/internacional/Muere/dictador/chileno/Augusto/Pinochet/elpepuint/20061210elpepuint_5/Tes
(13.07.2011)
ANÓNIMO
2014 “Bachelet, por verdad, justicia, y reencuentro”, en: LaVoz.com.ar http://www.lavoz.com.ar/mundo/bachelet-por-verdad-justicia-y-reencuentro
(11.09.2014)
CODOCEO,
Fernando
2007 Demokratische
Transition in Chile. Kontinuität oder Neubeginn?, Berlin:
Wissenschaftlicher Verlag Berlin
COUSO, Jaime
2008 “Übergang zur
Demokratie und Post-Transitionsjustiz in Chile”, en: F. Muñoz Conde, T.
Vormbaum (eds.): Transformation von
Diktaturen in Demokratien und Aufarbeitung der Vergangenheit, Berlin/New
York: Walter de Gruyter, pp. 201-234
LAGOS,
Ricardo
2004 “Para nunca más vivirlo, para nunca más
negarlo”, citado del apéndice de A. Dorfman: La muerte y la doncella, 2005: Stuttgart: Reclam, pp. 91-96
OEHRLEIN, Josef
2010 “Sebastián
Piñera. Der Berlusconi Chiles?” en: Frankfurter
Allgemeine Faz.net http://www.faz.net/artikel/C31325/sebastian-pinera-der-berlusconi-chiles-30053871.html
(16.07.2011)
RINKE,
Stefan
2007 Kleine
Geschichte Chiles, München: C.H. Beck
TIBUSSEK,
Mario
2007 Aufarbeitung
von Menschenrechtsverletzungen und ihren Folgen in der Literatur. Beispiel:
Chile nach 1973, Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller
